"4,32 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"
Reportaje
Diez años de informes de Derechos Humanos y Discapacidad (2008-2018)
¿Cómo hemos cambiado? Una década de vigencia de la Convención de la ONU en España
21/06/2019
Blanca Abella
En los informes sobre derechos humanos y discapacidad que cada año elabora el CERMI, desde hace diez años, hay dos constantes que delatan la difícil realidad de esta población en nuestro país, como son la falta de accesibilidad universal y las vulneraciones a la igualdad de oportunidades y no discriminación. Y aunque la mirada va cambiando, diez años después de que la Convención de la ONU sobre Discapacidad forme parte de nuestra normativa, todavía es necesario que este tratado de derechos humanos se haga efectivo en el día a día de las personas con discapacidad.
La mirada que cambia
Diez años después, cuando ya la Convención de la ONU sobre Discapacidad debería estar reconocida y aplicada de manera regular y evidente, el ‘Informe España derechos humanos y discapacidad 2018’, elaborado por el CERMI con el apoyo de la Obra Social ”la Caixa”, refleja solo ciertos avances. Según Jesús Martín: “En general se ha hecho un buen trabajo y el conocimiento de la Convención está cada vez más resuelto; este Tratado suena y eso es ya importante, ahora queda una labor fundamental, no solo que suene sino que también aterrice al día a día de la gente, que no quede solo como una cuestión que nos ampara sino que tiene que hacerse efectivo”.
“La mirada va cambiando”, asegura este experto, quien sin embargo añade: “Esto va a ser un tema generacional, todavía está muy asentado en nuestra cultura social esa imagen de que a las personas con discapacidad hay que asistirlas, protegerlas, pero apartándolas de la toma de decisiones y eso está todavía en el núcleo de las políticas públicas pero también en el de la opinión pública y de los propios medios de comunicación y es una batalla muy compleja”.
Se han resuelto cosas, pero quedan demasiadas cuestiones pendientes, tal y como reflejan las cifras que maneja este informe: 370 denuncias frente a solo 76 avances y 48 propuestas de mejora en 2018.
Mujeres y hombres ante un Estado de Derecho
La elaboración de este informe parte de diferentes fuentes de conocimiento, como son las consultas recibidas en el propio CERMI; las acciones emprendidas como consecuencia del trabajo genuino del CERMI; las denuncias de personas y entidades colaboradoras y las noticias publicadas en prensa o difundidas en redes sociales que han originado una investigación por parte del CERMI, así como la actividad de los diferentes operadores jurídicos.
Una parte de estas denuncias provienen de mujeres y hombres que han llamado a la puerta del CERMI para buscar reparación ante la discriminación y la exclusión que no debería ocurrir en un Estado de Derecho, ante violaciones y vulneraciones que no se entienden nunca, y menos diez años después de la Convención.
El avance, aunque sea lento, según explica Prats, es importante, al igual que las “estrategias conjuntas y de colaboración entre diferentes sectores”. Desde la fundación a la que representa, se pone especial énfasis en la inclusión laboral, “para contribuir a mejorar la vida de las personas en situación de vulnerabilidad”.
Los delitos de odio y las conquistas de 2018
Este año hay un dato que el CERMI quiere destacar y denunciar con fuerza y es el incremento de los casos de violencia y delitos de odio hacia las personas con discapacidad. “Hemos documentado 22 casos, frente a los 3 de 2017”, asegura Jesús Martín. “Es muy significativa la floración de casos de violencia, y hablo de palizas, de agresiones sexuales a niñas con discapacidad intelectual; es una vulneración al artículo 16 de la Convención y eso significa, por una parte, que tenemos todavía mucho que hacer en materia de protección y de toma de conciencia hacia la integridad de las personas con discapacidad y por otra parte, que tenemos que articular mecanismos para que cuando estas personas acudan a la justicia y a los canales a buscar reparación, no se encuentren con muros”.
Lamentablemente, a juicio del delegado del CERMI, “la violencia, al igual que la discriminación, forman parte de la cotidianidad de unas personas con discapacidad y eso es muy peligroso para cualquier sociedad, que esa violencia se integre, que se normalice en el día a día…”
En definitiva, este informe 2018, casi de la misma manera que los nueve que le preceden, arroja una visión integral que todavía dista mucho de la deseada: “Todavía en España hay un tibio compromiso a la hora de que la Convención permee las políticas públicas, la Administración general del Estado lo tiene mucho más claro, pero en un Estado donde las autonomías y ayuntamientos tienen las principales competencias en materia de educación, servicios sociales, sanidad, que son ámbitos en los que las personas con discapacidad estamos especialmente concernidas... estas administraciones ven muy lejanos los tratados de derechos humanos”, afirma Jesús Martín.
El informe del CERMI se hace eco de la desprotección de los derechos de la infancia con discapacidad que se evidencia, entre otras cosas, en "el alto número de niños y niñas con discapacidad institucionalizados, al margen de la vida en común", según palabras del Delegado del CERMI, quién además señala que "seguimos sin tener una estrategia potente o una ley de atención temprana".
En el mismo capítulo de denuncias, el CERMI llama la atención sobre “la falta de compromiso” con la figura del asistente personal y reclama un nuevo marco laboral en el que urge, sobre todo, hacer frente a la “discriminación sistémica” que sufren las mujeres con discapacidad.
En cualquier caso, el año 2018 también pasará a la historia por un hito digno de celebración, como es la reforma de la Loreg que permitió por fin que el sufragio fuera universal. “Ya podemos decir que nuestra sociedad es un Estado democrático, social y de derechos, porque la democracia se construye con las manos de todas las personas con derecho a voto”, afirma el responsable de Derechos Humanos del CERMI.
Finalmente, para añadir algunas mejores, se destacan los trabajos iniciados en 2017 para reformar el artículo 49 de la Constitución y reforzar la protección de los derechos de las personas con discapacidad, así como la puesta en marcha de la modificación del Código Civil para pasar de un modelo de sustitución de la capacidad jurídica a otro fundamentado en el apoyo en la toma de decisiones.
Entre los avances, Jesús Martín, comenta también que en la asesoría jurídica del CERMI "detectamos que cada vez más personas con discapacidad se animan a denunciar", y que "los medios de comunicación están sacando a la luz temas de discapacidad, como los de violencia, y cada vez con menos amarillismo".
A juicio del CERMI, estos avances, junto a otros que se han logrado recientemente, son sin embargo resultado de una acción de incidencia y trabajo incesante del sector de la discapacidad: “Por eso es tan importante tener un tejido asociativo potente, porque actuamos como elementos críticos, beligerantes, inconformistas, pero también como elementos propositivos del cambio social y la mejora social”.
